LOS PRESIDENTES DE LOS
CONSEJOS ESCOLARES AUTONOMICOS
SOLICITAN AL MEC QUE PARALICE
LAS REVALIDAS
A solicitud de las Presidencias
de los Consejos Escolares Autonómicos y ante las reuniones
mantenidas por el Ministro de Educación con los diferentes sectores
que conforman el Consejo Escolar del Estado, se celebró ayer, 13 de
octubre, una reunión destinada a sondear el estado de opinión de
los distintos Consejos Escolares Autonómicos sobre las posibilidades
y características que deberían abordarse en el Pacto Educativo que
el Ministro -en funciones- quiere abordar. A la reunión asistieron
15 Presidencias, salvo la de Baleares -que justificó su ausencia- y
la de Cataluña.
Presidida por el Secretario de
Estado -Marcial Marín- por incompatibilidad de agenda del Sr.
Ministro, abordó en primer lugar la excepcional e insólita
circunstancia por la que atraviesa el Consejo Escolar del Estado que
no cuenta con Presidencia, Vicepresidencia, ni Secretaría;
circunstancias que al no estar previstas en su reglamento de
funcionamiento propician que tanto la Comisión Permanente como la
Junta de Participación Autonómica que integran el Consejo lleven 6
y 8 meses, respectivamente, sin celebrar reuniones.
Tras ello, pidió a las
Presidencias que se pronunciasen sobre:
- Los contenidos que deberían
incluirse en un futuro Pacto Educativo
- Quiénes se consideran agentes
idóneos para abordarlo: ¿una subcomisión parlamentaria, el propio
Consejo Escolar del Estado, …?
- Qué se precisaría para su
desarrollo, y
- Lo realizado sobre el pacto
educativo en las distintas autonomías, bien a nivel autonómico o
estatal.
Desde el primer momento se puso
de manifiesto por la mayoría de las Presidencias, que el tema del
pacto educativo, aún siendo clave desde la constitución de la
actual Junta de Participación Autonómica, debería relegarse ante
la grave problemática que suscitan las evaluaciones de ESO y
Bachillerato -“reválidas”- contempladas en la LOMCE.
Diez de las Presidencias
asistentes (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria,
Castilla La Mancha, Extremadura, País Vasco, Navarra y Valencia)
expresaron la incertidumbre e inquietud que cunde entre el
profesorado, alumnado y familias del alumnado de Secundaria y
Bachillerato, dado que a las fechas que nos encontramos, aún no se
ha emitido la Orden que desarrolla el Real Decreto 310 que las regula
y que el plazo para hacerlo finaliza el 30 de noviembre.
Ante esa situación, y
sumándonos a peticiones similares procedentes de otros organismos
integrantes del Consejo Escolar, se pidió al MEC que al objeto de
tranquilizar a los sectores antes aludidos, arbitrase las medidas
necesarias para el aplazamiento o suspensión de las citadas
evaluaciones; más aún, cuando el Congreso de los Diputados se ha
pronunciado favorablemente a la paralización de la LOMCE y cuando
diversas Comunidades Autónomas han recurrido jurídicamente el Real
Decreto.
Cinco Presidencias de Consejos
Escolares no apoyaron estas peticiones (Castilla y León, Galicia,
La Rioja, Madrid y Murcia) y se centraron, exclusivamente, en abordar
cuestiones relacionadas con el Pacto Educativo.
Por parte del MEC, el Secretario
de Estado rechazó la posibilidad de la suspensión, alegando razones
legislativas y jurídicas, manteniendo que por ser aspectos
contemplados en la Ley, precisarían de una modificación
parlamentaria y no gubernativa de la misma. Alegando que las
evaluaciones -“reválidas”- no tendrán efectos académicos,
pedía calma y confiaba que en breve plazo (unas dos semanas) podría
haber un gobierno que pudiese nombrar a la Presidencia del Consejo
Escolar del Estado. A partir de ese momento y mediante trámite de
urgencia, se podría emitir el dictamen prescriptivo -pero no
vinculante- a la Orden que desarrolla el Decreto de Evaluaciones, con
lo que se subsanaría el problema de los 293.000 alumnos y alumnas de
2º de Bachillerato afectados.
Indicaba además, que gracias a
los acuerdos establecidos con la Conferencia de Rectores de
Universidades, a partir de diciembre, el alumnado y los centros
escolares dispondrían de modelos y ejemplos para la prueba de acceso
a la universidad.
En definitiva, vino a decir que
la LOMCE, aun cuando es rechazada por la mayoría de los sectores
educativos, sociales y políticos, hay que cumplirla.
En una encrucijada de este
calibre nos parece fundamental destacar, una vez más, la necesidad
de pactos educativos que proporcionen estabilidad al sistema,
elaborados desde el diagnóstico concreto de comunidades con
realidades y expectativas muy específicas, ampliamente articulado
por todos los agentes educativos y sociales, construido desde el
respecto y la transparencia, que haga posible la educación de
calidad como derecho garantizado de todos los ciudadanos y
ciudadanas.
